La deportación del hombre señalado como presunto responsable del feminicidio en colonia Del Río podría concretarse esta misma semana, según informó la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Las autoridades mexicanas mantienen una comunicación estrecha con sus homólogos en Estados Unidos para agilizar el proceso legal.
El acusado permanece bajo un procedimiento migratorio en territorio estadounidense y se espera una entrega controlada en la frontera. Una vez en México, elementos de la Policía de Investigación Criminal cumplimentarán la orden de aprehensión vigente por el caso del feminicidio en colonia Del Río, ocurrido en el municipio de Monclova.
Avances en el proceso judicial por feminicidio en colonia Del Río
Por instrucciones del fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, se mantiene un seguimiento permanente para concretar la entrega del sospechoso. De acuerdo con el Código Penal del Estado de Coahuila, el delito de feminicidio conlleva penas severas que pueden alcanzar hasta los 60 años de prisión.
La investigación establece que entre el acusado y la víctima, identificada como Silvia Araceli Ochoa Ramos de 38 años, existía una relación sentimental. Este vínculo es una de las razones de género fundamentales para sustentar el delito de feminicidio en colonia Del Río, tras los hechos registrados el pasado 12 de julio.
Detalles de la investigación y exclusión de otros delitos
La Fiscalía de Coahuila aclaró que, por el momento, no existen elementos suficientes para imputar delitos adicionales como robo o intento de sabotaje con gas. Aunque se manejaron versiones sobre la sustracción de dinero y válvulas de estufa abiertas, las pruebas periciales se concentran estrictamente en la agresión directa que causó la muerte de la mujer.
El presunto responsable huyó a Estados Unidos tras el crimen, pero fue localizado y detenido por autoridades migratorias. Se espera que, tras la llegada del sujeto a Coahuila, se inicie formalmente el juicio por el feminicidio en colonia Del Río, buscando la máxima penalidad permitida por la ley estatal para garantizar justicia a los familiares de la víctima.