Un grupo de obreros de AHMSA disidentes solicitó formalmente a la jueza responsable del concurso mercantil una revisión exhaustiva de los criterios utilizados para calcular sus finiquitos laborales. Los trabajadores reclaman el reconocimiento de un año completo de salarios devengados y una indemnización de 20 días por año laborado.
Jesús Marines, integrante del movimiento disidente, señaló que la propuesta actual de liquidación es insuficiente. Según los afectados, el esquema difundido que contempla solo 90 días de salario representa una vulneración a sus derechos adquiridos durante años de servicio en la siderúrgica de Monclova.
Obreros de AHMSA denuncian reducción de derechos laborales
El representante de los obreros de AHMSA explicó que, tras revisar la documentación del concurso mercantil, existen fundamentos legales para exigir el pago total de los salarios pendientes del último año. Marines sostuvo que la interpretación actual limita el alcance de los beneficios que por ley les corresponden en este proceso judicial.
La exigencia principal radica en que no se reduzca el pago de 365 días de salario devengado a una cuarta parte. Los trabajadores consideran que el esquema de 90 días no cubre la realidad de la deuda que la empresa mantiene con su plantilla laboral tras el cese de operaciones.
Disputa por indemnizaciones y prima de antigüedad
Además de los sueldos, los obreros de AHMSA presentaron criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para respaldar la solicitud de una indemnización de 20 días por cada año trabajado. Esta cifra contrasta con la propuesta que, según el grupo, solo contempla 12 días por año bajo el concepto de prima de antigüedad.
“El principio de prelación laboral debe garantizar que los recursos obtenidos de la venta de activos se destinen primero a cubrir los salarios del último año y las indemnizaciones justas”, afirmó Marines. Este reclamo surge en medio de la preparación para la subasta de activos de la empresa y Minera del Norte (MINOSA).
Finalmente, los obreros de AHMSA confirmaron que seguirán aportando pruebas documentales ante el Juzgado Segundo de Distrito Especializado en Concursos Mercantiles. El objetivo es asegurar que la autoridad judicial determine montos justos antes de proceder con cualquier distribución de recursos, protegiendo así la economía de las familias en la Región Centro de Coahuila.