Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del penal de máxima seguridad del Altiplano vinculó a proceso al exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, por el delito de desaparición forzada de personas, relacionado con el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La resolución se produjo después de una audiencia de más de 15 horas, en la que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó elementos que, a consideración del juez, fueron suficientes para establecer la probable responsabilidad del exmandatario en los hechos.
TE PUEDE INTERESAR: Tania Flores permanecerá en prisión; juez federal niega amparo
De acuerdo con la acusación, Aguirre Rivero habría ordenado ocultar, destruir o eliminar evidencias relacionadas con lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, cuando 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos fueron privados de la libertad y posteriormente desaparecidos.
La defensa del exgobernador presentó 31 datos de prueba con la intención de desacreditar las acusaciones; sin embargo, el juez determinó que estos elementos no eran suficientes, en esta etapa procesal, para desvirtuar los argumentos de la Fiscalía.
Entre las principales pruebas de la FGR se encuentran los testimonios de dos exfuncionarias del Poder Judicial de Guerrero, quienes señalaron que Aguirre habría recibido un disco con imágenes captadas por cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala.
Según la investigación, dichas imágenes mostraban el paso de uno de los autobuses en los que viajaban los estudiantes y la intervención de personas armadas que habrían obligado a los normalistas a descender y posteriormente los trasladaron en otro vehículo.
La Fiscalía sostiene que el material fue entregado al entonces gobernador tres días después de la desaparición de los estudiantes y que posteriormente habría sido entregado al entonces procurador estatal, Iñaki Blanco, con la instrucción de deshacerse de las imágenes.
El juez estableció un plazo de 120 días para concluir la investigación complementaria, periodo durante el cual la defensa podrá reunir y presentar nuevos elementos de prueba antes de que el caso avance hacia la etapa de juicio.

