La reparación del daño dentro del proceso que se sigue por el caso de Fundación Frichem todavía no puede ser cuantificada, debido a que cada uno de los perros rescatados presenta condiciones y necesidades médicas diferentes que continúan siendo evaluadas.
Ana Márquez, presidenta de Fundación Milma, señaló al concluir la audiencia en la que Lizbeth Anahí “N” fue vinculada a proceso que las organizaciones involucradas consideran positiva la resolución, al permitir que continúe la investigación y sea la autoridad quien determine las responsabilidades correspondientes.
Explicó que una posible salida alterna estaría relacionada con la reparación del daño, tomando en cuenta que los seres sintientes constituyen el bien jurídico afectado y actualmente requieren alimentación, atención veterinaria, medicamentos, estudios y, en algunos casos, posibles procedimientos quirúrgicos.
Márquez señaló que cada perro cuenta con su propio expediente y condición de salud, por lo que hasta el momento resulta imposible establecer una cantidad global.
Entre los animales bajo atención existen algunos que requieren pruebas para detectar enfermedades como ehrlichiosis, mientras que uno de los perros con fractura necesita estudios radiográficos para determinar el tratamiento e incluso establecer si será necesaria una amputación.
La activista explicó que tras el rescate fue necesario distribuir a los animales entre diferentes asociaciones y hogares temporales, debido a que ninguna organización tenía capacidad para recibir por sí sola a más de 50 perros.
Los gastos, agregó, han sido solventados principalmente por integrantes de las propias asociaciones, actividades para recaudar fondos y el apoyo de algunos padrinos y miembros de la comunidad animalista.
Respecto a los cinco días autorizados por el juez para explorar la posibilidad de alcanzar un acuerdo, Márquez consideró que el periodo podría resultar insuficiente, precisamente porque todavía se desconoce el costo total que representará la recuperación de los animales.
Será conforme avancen las valoraciones veterinarias cuando las organizaciones puedan determinar los gastos generados por cada uno de los perros y contar con elementos para establecer una eventual reparación del daño.