Fiscalías reportan 5,152 fosas clandestinas localizadas durante los gobiernos de Calderón, Peña Nieto y AMLO

Ciudad de México.- Un informe de la Universidad Iberoamericana documentó la magnitud y transformación de la violencia asociada con las fosas clandestinas en México durante los gobiernos de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.

El estudio “Trazar la ausencia, caminar la esperanza. Análisis de hallazgos de fosas clandestinas en México (2006-2024)”, elaborado por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana y presentado por Andrea Horcasitas Martínez y Mariana Marchand Moreno, recopiló información difundida por medios de comunicación.

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De acuerdo con esa revisión periodística, durante los tres sexenios se documentaron 3,516 fosas clandestinas, 8,341 cuerpos y más de 52 mil restos humanos.

No obstante, los registros de las fiscalías estatales presentan una cifra considerablemente mayor en cuanto al número de fosas. Las autoridades reportaron 5,152 fosas clandestinas localizadas durante los 18 años analizados, cantidad 46.5% superior a la contabilizada por medios de comunicación.

La diferencia se invierte al considerar los cuerpos recuperados. En este rubro, los registros periodísticos contabilizaron aproximadamente 2,600 cuerpos más que los reportados por las fiscalías.

Cambia el mapa de las fosas clandestinas

El informe señala que la distribución geográfica de los hallazgos se modificó conforme transcurrieron los sexenios y cambiaron las dinámicas de violencia en el país.

Durante la administración de Felipe Calderón (2006-2012), los principales registros se concentraron en Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas. Con Enrique Peña Nieto (2013-2018), los estados con más hallazgos fueron Veracruz, Guerrero y Jalisco.

En el periodo correspondiente a Andrés Manuel López Obrador (2019-2024), destacaron Sonora, Guanajuato y Colima.

En conjunto, la mitad de las fosas reportadas por medios de comunicación se concentró en Guerrero, Veracruz, Sonora, Guanajuato y Colima.

A nivel municipal, Acapulco, Guerrero, encabezó la lista de localidades con más fosas reportadas, seguido por Tecomán, Colima; Hermosillo, Sonora; Veracruz, Veracruz, y Ciudad Juárez, Chihuahua.

Fosas localizadas en espacios cotidianos

Entre enero de 2020 y septiembre de 2024, los registros analizados muestran que predios, inmuebles privados y caminos concentraron 73% de los hallazgos. El resto se ubicó en zonas como cerros, barrancas, arroyos, presas y canales.

El estudio también documentó casos en sitios de uso cotidiano, entre ellos un centro de rehabilitación en Jocotitlán, Estado de México; un autolavado en Nuevo León; salones de fiestas en Campeche, además de parques públicos y canchas deportivas.

En cuanto a las víctimas identificadas, se contabilizaron 1,151 hombres y 355 mujeres, lo que indica que cerca de tres de cada cuatro personas localizadas en fosas eran hombres. La mayoría tenía entre 20 y 39 años.

Los datos disponibles también muestran una amplia variedad de ocupaciones entre las víctimas, aunque destacan transportistas, albañiles, mecánicos, jornaleros, trabajadores de la salud y activistas.

Identifican fosas relacionadas con feminicidios

El informe encontró además 58 fosas clandestinas vinculadas con feminicidios, donde fueron localizados 92 cuerpos de mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Chihuahua, Veracruz, Sonora y Ciudad de México estuvieron entre las entidades con mayor número de casos, aunque se registraron hallazgos en todas las entidades del país.

De las víctimas identificadas, 25 mujeres eran madres, quienes dejaron a 40 menores en situación de orfandad.

Asimismo, de los 48 presuntos perpetradores que pudieron ser identificados, 81% eran particulares y 18% pertenecían a organizaciones criminales.

El análisis incorpora además el concepto de “zona gris”, empleado para describir situaciones en las que existen indicios de interacción entre actores estatales y organizaciones criminales mediante prácticas de corrupción o cooptación, sin que exista necesariamente una determinación judicial que atribuya responsabilidad a un perpetrador específico.

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