La Fiscalía General del Estado de Durango informó el resultado del examen histopatológico practicado a la adolescente Paloma Nicole. El estudio determinó que la joven perdió la vida a causa de una tromboembolia pulmonar grasa. Este diagnóstico describe la obstrucción de vasos sanguíneos en los pulmones debido a coágulos. Es un hallazgo relevante dentro de la investigación oficial.
La fiscal Sonia Yadira de la Garza señaló que este resultado es importante para el caso. Sin embargo, explicó que la determinación de una posible mala práctica médica solo será definitiva cuando concluya el dictamen pericial especializado.
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Este dictamen analizará la actuación profesional relacionada con la atención médica brindada a la adolescente. También confirmó que la familia de Paloma solicitó un estudio independiente para contrastar la información, lo cual se encuentra en proceso.
Respecto al ámbito legal, la fiscal recordó que permanecen vigentes los elementos que permiten la continuidad del proceso contra la madre y el padrastro de la joven. Señaló que existen posibles delitos adicionales que surgieron alrededor del caso. Estos puntos aún deben ser analizados y podrían presentarse en etapas posteriores.
El fallecimiento de Paloma generó un impacto significativo en el Congreso de Durango. La fiscal comentó que el delito de usurpación de profesión ya estaba en la ley estatal. Sin embargo, su redacción era imprecisa y no incluía agravantes que contemplaran situaciones médicas. Esto permitía que se realizaran procedimientos mayores en consultorios sin una regulación adecuada y sin sanciones proporcionales.
Las recientes reformas buscan corregir esa situación. La legislación actualizada es conocida como “Ley Nicole” y fortalece el marco legal para prevenir prácticas indebidas. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ernesto Alanís, pidió al Poder Ejecutivo asegurar la aplicación estricta de esta normativa. También instó a la Secretaría de Salud y a otras entidades a reforzar la supervisión y los controles necesarios.
La reforma establece sanciones que van de cinco a ocho años de prisión. Además, contempla multas superiores a 360 Unidades de Medida de Actualización. La pena final dependerá de cada caso y de sus circunstancias específicas.
El sector privado también reaccionó. Carlos Maa, representante de Clínicas Particulares, afirmó que el gremio adoptará la nueva ley. Señaló que la consideran necesaria para mejorar la seguridad en los servicios médicos. También expresó su solidaridad por la pérdida de la joven, un hecho que entristeció a muchos profesionales del sector.
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