En el marco de los acontecimientos recientes dentro de la máxima casa de estudios, el funcionario universitario Sánchez Valdés demostró de manera firme que las autoridades de la institución tienen la obligación de intervenir de forma inmediata para evitar que situaciones similares se vuelvan a repetir en el futuro. Asimismo, enfatizó que este actuar debe darse de oficio por parte de los órganos correspondientes, señalando que la intervención es necesaria independientemente de que exista o no una denuncia formal por parte de los afectados.
En este mismo sentido se pronunció el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez, quien respaldó la postura institucional y afirmó de manera categórica que la normatividad universitaria debe aplicarse “parejo para todos”, garantizando así que no habrá excepciones ni distinciones en el cumplimiento de los reglamentos internos ante cualquier incidencia que vulnere la vida académica.
Por lo tanto, con la presentación formal de la queja correspondiente, el proceso legal interno ha dado inicio formal. A partir de este momento, corresponderá estrictamente al Consejo Directivo de la Facultad de Jurisprudencia asumir la responsabilidad de analizar detalladamente el caso, evaluar los elementos presentados y determinar las acciones, resoluciones o sanciones que procedan en total apego a la normatividad y los estatutos vigentes de la universidad.
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