La presentación de una denuncia penal por parte de un patrón contra una ex trabajadora no detiene ni modifica el procedimiento de conciliación laboral derivado de un presunto despido injustificado. Roberto Ramírez García explicó que ambas materias son independientes y que los derechos de la empleada permanecen protegidos.
El funcionario detalló que el caso surgió tras la solicitud de intervención de una mujer despedida luego de seis años de servicio, a quien solo se le ofrecieron seis mil pesos de finiquito. Tras la queja, el empresario Ricardo Zaldívar presentó una denuncia penal por presunto robo, acción que no interrumpe el proceso ante las autoridades del trabajo.
Importancia del procedimiento de conciliación laboral en despidos
Ramírez García señaló que, ante un despido injustificado, el primer paso es presentar una solicitud ante el Centro de Conciliación Laboral para iniciar el procedimiento de conciliación laboral prejudicial. Este mecanismo busca que ambas partes lleguen a un acuerdo justo sin necesidad de escalar a un juicio prolongado.
De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, un trabajador con despido injustificado puede acceder a una indemnización de 90 días de salario. No obstante, el Centro utiliza un parámetro de 45 días más prestaciones proporcionales para facilitar convenios rápidos que beneficien al trabajador.
Independencia de la materia penal y laboral
Respecto a la denuncia penal promovida por el patrón, el funcionario reiteró que el procedimiento de conciliación laboral es autónomo. Ninguna acusación externa condiciona o afecta el desarrollo de la audiencia de conciliación ni el reclamo de las prestaciones de ley.
El Centro de Conciliación no determina si existió despido o renuncia, ya que esa función corresponde a los tribunales. Sin embargo, vigila que cualquier convenio respete el artículo 33 de la normativa federal, impidiendo la renuncia a derechos irrenunciables.
Finalmente, se enfatizó que el procedimiento de conciliación laboral mantiene como prioridad la protección de la clase trabajadora, asegurando que ninguna denuncia en otra materia modifique las garantías legales de quienes buscan justicia tras un despido.