Un grupo de 25 estados de Estados Unidos presentó una demanda contra la administración del presidente Donald Trump por la implementación de nuevos aranceles a productos provenientes de distintos países, al considerar que el gobierno federal excedió sus atribuciones legales y buscó evadir una resolución de la Corte Suprema.
La acción legal fue encabezada por Nueva York, cuyo gobierno argumenta que los nuevos impuestos a las importaciones carecen de una base jurídica suficiente y representan un intento de sustituir los gravámenes que fueron anulados previamente por el máximo tribunal estadounidense.
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La fiscal general de Nueva York, Letitia James, señaló que, después del fallo de la Corte Suprema, la administración federal habría recurrido a una nueva vía para mantener el aumento de tarifas comerciales, una medida que calificó como contraria a la ley.
Además de Nueva York, la demanda cuenta con el respaldo de estados como California, Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Kentucky, Massachusetts, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Carolina del Norte, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Virginia, Vermont, Washington y Wisconsin.
El conflicto surge luego de que Estados Unidos anunciara la aplicación de aranceles de dos dígitos a 59 países y a la Unión Europea, bajo el argumento de combatir importaciones relacionadas con prácticas de trabajo forzado.
Estos nuevos impuestos entraron en vigor después de que la Corte Suprema invalidara los aranceles establecidos anteriormente bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA).
Tras esa resolución, la administración de Trump decidió aplicar una nueva estrategia comercial basada en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, una herramienta que permite imponer sanciones económicas contra países señalados por prácticas comerciales consideradas injustas.
Bajo este esquema, el gobierno estadounidense estableció tarifas relacionadas con el trabajo forzado que van desde 10%, como en el caso de México, hasta 12.5%, afectando a naciones que representan cerca del 99% de las importaciones de Estados Unidos.
El portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, defendió la medida y afirmó que el gobierno utiliza facultades legales para proteger a los trabajadores estadounidenses y enfrentar prácticas comerciales que consideran perjudiciales.
Desai agregó que los aranceles aplicados mediante la Sección 301 cuentan con respaldo jurídico y han sido utilizados desde el primer mandato presidencial de Donald Trump.
La demanda presentada por los estados se suma a otros recursos legales interpuestos en julio por pequeñas empresas ante el Tribunal de Comercio Internacional, quienes también cuestionaron la aplicación de estos nuevos gravámenes.
Los opositores a la medida sostienen que la administración federal no explicó de manera suficiente cómo los aranceles permitirán corregir las prácticas comerciales señaladas ni justificó su aplicación específica contra cada economía afectada.
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