Tan solo dos semanas antes de que Emilio Lozoya Austin fuera retirado de la dirección de Petróleos Mexicanos (PEMEX), seis legisladores federales presentaron ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) una denuncia por la ejecución indebida de la empresa de un contrato mayor a los 200 millones de dólares.
Dicho contrato, numerado como el 641006800, fue asignado por el consorcio conformado por la Proveedora de Fluidos Mexicanos (PFM), Petroquímicos Industriales de Norte y Centauro del Norte Autotransporte, para operar en el área de Pemex Exploración y Producción.
En la petición interpuesta en la SFP, se advierte que en febrero de 2016, poco antes de ser removido de su cargo, Lozoya Austin “dio pie a una contratación millonaria, con un plazo de cinco años, sin sujetarse a un procedimiento de licitación pública o de concurso abierto”.
Los testimonios de trabajadores, los cuales fueron recabados por los legisladores en cuestión, indicaban que los servicios contratados por Pemex “carecen de sustento” y que los que deben de operar “son de poca o nula necesidad operativa”.
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Además de Emilio Lozoya, la denuncia también destaca como responsables directos en PEMEX a Abraham David Alipi Mena, titular de la subdirección de Servicios a la Explotación; Ricardo Ortega Galindo, coordinador de Servicios Terrestres y de Perforación de Intervenciones a Pozos, y Juan Alberto Vázquez Romero, coordinador de Servicios a Intervenciones a Pozos, Zona Norte.
Los seis legisladores señalaron que en lugar de que se limitara o finiquitara dicho contrato en su lugar solo , “están tratando de empujar un convenio modificatorio de plazo para todo el año 2021, pues al momento ya van facturados 104 millones de dólares que, sumados a órdenes ya ejecutadas, suman 199.84 millones de dólares, de acuerdo con la propia PFM”.
La denuncia, firmada por los senadores morenistas Alejandro Armenta Mier, Cecilia Sánchez García y Rubén Rocha Moya, así como los diputados de ese partido, Sergio Gutiérrez Luna y Azael Santiago Chepi, además del diputado de Movimiento Ciudadano Mario Alberto Rodríguez Carrillo, tiene sello de recibida en la SFP el pasado 20 de julio, tan solo dos semanas antes de que el ‘escándalo’ mediático de Emilio Lozoya diera inicio.
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