El Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Alberto Pérez Dayán dio entrada a la controversia constitucional presentado por el Instituto Nacional Electoral en contra del plan b de la Reforma Electoral presentada por el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador.
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La primera fase incluye reformas a diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, las cuales se encuentran suspendidas en Coahuila y Estado de México, por determinación de Pérez Dayán.
De acuerdo con registros judiciales, se trata de primera controversia contra el Plan B que es admitida a trámite, ya que hay 125 impugnaciones sobre el tema que presentaron gobiernos estatales y municipales.
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“Se tiene por presentado al promovente con la personalidad que indica y, con base en lo expresado en la demanda, a la naturaleza de las normas impugnadas, atribuibles respectivamente al Congreso de la Unión y al Poder Ejecutivo Federal, se admite a trámite la demanda que hace valer” señalo Alberto Pérez.
El INE argumentó que las reformas a la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, producen una violación directa a las funciones que, como órgano constitucional autónomo, le confiere la Constitución, ya que “obstaculizan” la función que realiza como garante, entre otros principios, de la equidad en la contienda electoral.
Pérez Dayan dio un plazo de 30 días hábiles, contados a partir de la notificación, para que las Cámaras de Diputados y de Senadores, así como el titular del Poder Ejecutivo Federal y la Secretaría de Gobernación presenten su contestación.
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