La ley SB 1718 prohíbe a la mayoría de los ciudadanos de China, Cuba, Venezuela, Siria, Irán, Rusia y Corea del Norte adquirir propiedades ubicadas a menos de 16 kilómetros de infraestructuras consideradas “críticas” por el gobierno de Florida.
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Además, las empresas con más de 25 empleados deberán utilizar el sistema federal E-Verify para verificar el estatus migratorio de los posibles contratados, y se aumentará la multa diaria a las compañías que empleen a inmigrantes, llegando a los 1.000 dólares.
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La nueva ley también castigará con hasta 15 años de prisión el transporte de personas indocumentadas hacia Florida y reforzará el control sobre estas acciones. Sin embargo, el gobierno estatal destinará 12 millones de dólares al controvertido plan de DeSantis para enviar migrantes a estados demócratas en otras partes del país.
Entre otras medidas, se prohibirá a los gobiernos locales proporcionar fondos a organizaciones que emitan tarjetas de identificación para migrantes en situación irregular. Los controles estrictos sobre la documentación de identidad implican que los migrantes indocumentados no podrán conducir vehículos, incluso si poseen una licencia emitida por otro estado. Por último, los hospitales que reciben Medicaid deberán preguntar el estatus migratorio de los pacientes para registrarlos, aunque estos podrán optar por no responder.