Marcela Figueroa, secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, explicó la reforma a la Ley General de Seguridad Pública, que busca cambiar y mejorar las funciones de la Guardia Nacional. Esta iniciativa otorgará un marco jurídico claro y obligatorio para el gabinete federal de seguridad.
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La ley permitirá replicar el modelo del gabinete federal en las entidades del país mediante las mesas de paz. Esto facilitará la toma de decisiones conjuntas y fortalecerá la actuación en cada territorio. Además, se establecen requisitos mínimos para el desarrollo de policías, fiscalías y sistemas penitenciarios.
“Esta ley otorga sustento jurídico al gabinete federal de seguridad pública, dándole obligatoriedad y posibilitando que su modelo sea replicado en las entidades federativas, mediante las mesas de paz, lo que fortalece la toma de decisiones conjuntas y la actuación territorial”.
También se impulsará la creación de una política nacional de acreditación y certificación. Dicha política evaluará tanto a los integrantes de las instituciones como a las propias instituciones. El objetivo es garantizar estándares de calidad, confianza y profesionalismo en el sector. Finalmente, se contempla la creación de una academia nacional de seguridad pública.
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La consejera Jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, presentó los lineamientos generales de la iniciativa de ley relacionada con el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública.
Durante su explicación, Godoy señaló que esta propuesta busca reforzar uno de los pilares centrales de la estrategia nacional de seguridad. La creación de un sistema articulado de inteligencia permitirá anticiparse a riesgos, detectar amenazas y actuar para prevenir delitos antes de que se cometan. La idea es construir un instrumento eficaz en la lucha contra la inseguridad.
“Permitirá impulsar uno de los ejes principales de la estrategia nacional de seguridad pública, este ordenamiento establece y regula el sistema nacional de investigación e inteligencia en materia de seguridad pública, como una herramienta orientada a la prevención, detección y desarticulación de las amenazas que atentan contra la paz pública”.
La funcionaria precisó que este sistema estará orientado a la prevención, detección y desarticulación de amenazas que vulneren la paz pública o los derechos de los ciudadanos. En todo momento, su operación quedará bajo el mando del Ministerio Público, respetando los procesos legales y las garantías individuales.
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