Denuncia motociclista incumplimiento de pago tras accidente vial en la carretera Palaú–Sauz

Seferino Torres Cruz, integrante de un club de motociclistas de la región, denunció públicamente el incumplimiento de un acuerdo de pago por parte de la responsable de un accidente de tránsito ocurrido el pasado 6 de diciembre, así como la falta de respuesta efectiva por parte de la Fiscalía General del Estado para garantizar la reparación del daño.

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De acuerdo con el afectado, el percance ocurrió sobre la carretera Palaú–Sauz, a la altura del mineral de Barroterán, cuando una automovilista impactó su motocicleta, provocándole una fractura de clavícula, además de daños materiales considerables a su unidad.

Tras el accidente, la conductora fue presentada ante el Ministerio Público, donde —según Torres Cruz— se estableció un acuerdo en el que la responsable y su padre se comprometieron a cubrir los gastos médicos, así como a realizar pagos semanales para la reparación de los daños ocasionados.

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Sin embargo, el motociclista señaló que hasta la fecha no ha recibido ningún pago, y que tanto la conductora como su familiar dejaron de responder llamadas y mensajes, incumpliendo totalmente con lo pactado.

Uno de los puntos que más preocupa al denunciante es que, pese a este incumplimiento, el vehículo de la presunta responsable fue liberado, aun cuando el acuerdo de reparación del daño no ha sido cumplido, lo que considera una situación injusta y contraria al procedimiento esperado.

Torres Cruz explicó que requiere una cirugía de clavícula, intervención que no ha podido realizarse debido a la falta de recursos económicos, por lo que exige que se haga cumplir el convenio y que la responsable asuma las consecuencias legales y económicas del accidente.

Finalmente, señaló que al acudir nuevamente al Ministerio Público, la respuesta que ha recibido es que “se trata de un proceso” y que los gastos no pueden cubrirse de manera inmediata, situación que lo mantiene en un estado de incertidumbre médica y legal.

El afectado hizo un llamado a las autoridades para que intervengan y garanticen el acceso a la justicia, así como el cumplimiento de los acuerdos establecidos ante la autoridad ministerial.

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