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La Fiscalía General del Estado (FGE) inició una profunda reestructuración que implica la rotación del 70 por ciento de los ministerios públicos en Coahuila, específicamente en la Región Centro. Esta medida busca optimizar la atención ciudadana y fortalecer la eficiencia en la procuración de justicia local.
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El delegado regional, Everardo Lazo Chapa, confirmó que estos movimientos responden a una evaluación interna para detectar áreas de oportunidad. El objetivo principal es cumplir con la instrucción del fiscal general, Federico Fernández Montañez, de ofrecer un servicio más empático y cercano a las víctimas del delito.
Rotación de ministerios públicos en Coahuila para mejorar resultados
Lazo Chapa detalló que la rotación de los ministerios públicos en Coahuila abarca diversas agencias municipales. Según el funcionario, entre el 60 y 70 por ciento del personal ministerial ha sido movido de sus áreas habituales para dinamizar las investigaciones y reducir los tiempos de espera en los trámites legales.
El proceso de análisis continúa vigente, por lo que no se descartan ajustes adicionales en las próximas semanas. Los agentes han sido notificados sobre la importancia de mantener un trato directo y transparente, priorizando que las carpetas de investigación avancen con mayor celeridad bajo los nuevos lineamientos de la Fiscalía General del Estado de Coahuila.
Coordinación con Derechos Humanos y transparencia
Como parte de esta estrategia integral, la delegación regional sostuvo un encuentro con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. El fin es establecer mecanismos donde el organismo actúe como observador en casos de alta relevancia social, garantizando que el actuar de los ministerios públicos en Coahuila se apegue estrictamente a la legalidad.
Finalmente, las autoridades informaron que se revisarán las quejas existentes ante Derechos Humanos para darles una resolución pronta. Con estos cambios administrativos, la Región Centro busca consolidar una institución más sensible y eficiente para recuperar la confianza de la población en el sistema de justicia.