Un panel del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito concluyó que el estado de California no puede imponer reglas operativas a los agentes federales de inmigración. La decisión fue unánime. Además, surgió a partir de una demanda promovida por la administración de Donald Trump contra las normativas estatales.
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Las disposiciones anuladas exigían que los oficiales mostraran identificación visible y restringían el uso de cubrebocas durante operativos. El gobierno de Gavin Newsom impulsó estas medidas en 2025. Su objetivo era aumentar la transparencia y reducir confusiones durante las detenciones.
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El tribunal determinó que estas normas interfieren con funciones del Gobierno federal. Los jueces explicaron que la cláusula de supremacía de la Constitución de Estados Unidos limita la autoridad de los estados en estos casos. De acuerdo con la Supreme Court of the United States, la ley federal prevalece cuando existen conflictos de competencia.
La resolución descarta revisar otros argumentos, incluidos los relacionados con seguridad pública. Para el tribunal, el punto central radica en que la legislación estatal invade atribuciones exclusivas del gobierno federal. Esto ocurre cuando intenta dirigir acciones de agentes federales.
El gobierno federal presentó la demanda en noviembre. En ella, argumentó que obligar a los oficiales a identificarse podría exponerlos a riesgos personales. También señaló que limitar el uso de máscaras tácticas podría afectar su seguridad en operativos de alto riesgo.
Por su parte, California defendió sus medidas. Sus representantes afirmaron que buscan proteger tanto a la población como a los agentes. Además, sostuvieron que la identificación clara evita suplantaciones y reduce tensiones con la comunidad.
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