Ante el incremento de reportes ciudadanos relacionados con presuntas estafas cometidas mediante juegos de azar en la vía pública, la Fiscalía General del Estado (FGE) en la región sureste emitió una alerta a la población sobre la proliferación de estos esquemas engañosos en diversos puntos de la zona metropolitana.
Julio César Loera, delegado de la dependencia estatal, detalló que estos pequeños establecimientos y puestos semifijos se instalan de forma estratégica en sectores con alta afluencia peatonal y vehicular, tales como centros comerciales, avenidas transitadas, mercados y plazas públicas, extendiendo sus operaciones a localidades vecinas como el municipio de Arteaga.
El funcionario explicó que los operadores de estos módulos buscan enganchar a los transeúntes utilizando premios de alto valor comercial y falsas promesas de ganancias monetarias rápidas, dinámicas que aparenten ser inofensivas pero que terminan mermanndo de forma severa el patrimonio económico de las víctimas.
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A pesar del descontento social manifestado de forma pública, el delegado puntualizó que hasta el momento no se han formalizado denuncias ante el Ministerio Público que permiten tipificar de manera estricta estas conductas bajo un delito específico contemplado en el Código Penal del Estado de Coahuila.
No obstante, Loera recordó que a nivel federal se encuentra vigente la Ley de Juegos y Sorteos, un marco jurídico que estipula sanciones severas para todas aquellas prácticas de apuestas que se llevan a cabo fuera de la legalidad o sin las autorizaciones correspondientes de la Secretaría de Gobernación.
El titular de la delegación argumentó que uno de los principales impedimentos jurídicos para proceder legalmente radica en que las personas ingresan a las dinámicas por iniciativa propia y bajo consentimiento, sin que de por medio existan amenazas, coacción o violencia física, lo cual entorpece la configuración de un hecho delictivo.
Asimismo, derivado de las indagatorias preliminares y el cruce de datos tras las quejas comunitarias, se reveló que las células que administran este tipo de rifas y sorteos callejeros no son originarias del estado de Coahuila, tratándose presuntamente de grupos delictivos itinerantes que se trasladan constantemente entre entidades.
Finalmente, la representación social recordó que la primera línea de contención e intervención le corresponde a las inspecciones de las autoridades administrativas municipales, quienes deben auditar que los comercios cuenten con permisos de uso de suelo y licencias, exhortando de forma paralela a las víctimas a formalizar sus denuncias presenciales para abrir las carpetas de investigación correspondientes.
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