El gobierno de Estados Unidos prepara una estrategia para localizar en México, Guatemala y Honduras a migrantes deportados o que abandonaron voluntariamente el país y que aún mantienen multas migratorias pendientes de pago.
Como parte de este plan, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) lanzó una convocatoria para contratar a una empresa privada con sede en Estados Unidos que se encargue de identificar a los deudores fuera del territorio estadounidense, notificarles el monto de sus sanciones y gestionar el proceso de cobro.
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De acuerdo con la convocatoria, la empresa seleccionada deberá ofrecer servicios especializados de localización internacional y presentar pruebas que acrediten que encontró a la persona correcta. Entre la documentación aceptada se contemplan fotografías del domicilio, recibos de servicios, registros laborales o, en caso de fallecimiento, el certificado correspondiente.
Una vez ubicado el migrante, la compañía deberá informarle el importe de la multa y ofrecer opciones para regularizar el adeudo, ya sea mediante un pago único, un plan de pagos o cualquier otro mecanismo autorizado. El monto podrá ser cubierto por el propio deudor o por un tercero.
La CBP calcula que actualmente existen 66 mil 387 personas deportadas o que salieron voluntariamente de Estados Unidos con sanciones civiles aún pendientes. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estimó en julio que el monto acumulado de estas multas asciende a 423 millones de dólares.
La administración del presidente Donald Trump reactivó el año pasado la aplicación y cobro de estas sanciones por diversas infracciones a la legislación migratoria, entre ellas incumplir una orden de expulsión.
La multa por esta falta fue establecida en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) de 1996 con un monto de 500 dólares diarios. Sin embargo, tras los ajustes por inflación, actualmente la sanción alcanza los 998 dólares por día.
Aunque la CBP ya trabaja con tres empresas privadas dedicadas a la recuperación de multas emitidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza, dichas compañías solo operan dentro de Estados Unidos. Según la dependencia, hasta julio ninguna había logrado ubicar a deudores residentes en el extranjero mediante cartas o llamadas telefónicas.
Con esta nueva contratación, las autoridades estadounidenses buscan ampliar su capacidad de cobranza internacional mediante la localización directa de migrantes en los países donde actualmente residen.
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