La exigencia de Justicia para Jesús Salayán volvió a cobrar fuerza tras las declaraciones de su viuda, Cynthia Marisol Vara García, quien denunció presuntas irregularidades y favoritismos en la investigación del homicidio ocurrido el 8 de julio de 2022 en un centro de rehabilitación de Ciudad Frontera, Coahuila.
El caso, que conmocionó a la región, involucra la muerte de Salayán tras ser presuntamente golpeado dentro del anexo “Escudo de Salvación”. Actualmente, el proceso judicial cuenta con nueve imputados, de los cuales siete permanecen en prisión preventiva y dos enfrentan el proceso en libertad bajo medidas cautelares, situación que la familia rechaza tajantemente.
Irregularidades frenan la Justicia para Jesús Salayán
Durante una reciente audiencia de revisión de medidas, Vara García manifestó su inconformidad con el desarrollo del proceso judicial. La viuda señaló directamente al ex agente del Ministerio Público, Abdiel Garza Lozano, por no solicitar las medidas cautelares pertinentes contra todos los involucrados.
Según la denunciante, existía un presunto vínculo familiar entre el funcionario y una de las partes, lo que habría entorpecido la búsqueda de Justicia para Jesús Salayán. “He mantenido una lucha constante para evitar que el caso quede impune; asisto a cada audiencia por la memoria de mi esposo y el futuro de mis hijos”, puntualizó.
Piden prisión para dueños del anexo Escudo de Salvación
La defensa de la familia, encabezada por la abogada Juanita Olalde Felipe, solicitó formalmente la prisión preventiva oficiosa para Erick Alfaro Campos y Ángel Gómez Gómez, propietarios del establecimiento. Aunque anteriormente contaban con la protección de la justicia federal, la litigante asegura que dicho recurso ya concluyó.
De acuerdo con los protocolos de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, los delitos de alto impacto deben seguir procesos rigurosos para garantizar la seguridad de las víctimas indirectas. Sin embargo, el juez determinó que la medida no puede aplicarse de forma retroactiva debido a omisiones iniciales del Ministerio Público.
Ante esta resolución, la representación legal anunció que interpondrán nuevos recursos legales para que los nueve implicados enfrenten el proceso bajo las mismas condiciones. A casi cuatro años del crimen, la demanda de Justicia para Jesús Salayán sigue vigente, mientras la familia espera que el Poder Judicial corrija las disparidades en el caso del anexo en Ciudad Frontera.