La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó este martes un análisis detallado sobre los gastos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), destacando los ahorros generados tras la implementación de la reforma judicial. Durante su conferencia matutina, la mandataria comparó las prestaciones de los ministros antes y después del cambio de régimen, sugiriendo que aún existe margen para profundizar la austeridad en el máximo tribunal del país.
Al abordar el tema del apoyo para telefonía móvil, Sheinbaum fue enfática al señalar que los altos funcionarios deberían costear sus propios insumos personales. “Todavía le podían bajar un poquito ahí”, comentó la presidenta, subrayando que, en su caso particular, ella misma cubre el pago de su equipo celular, contrastando con los privilegios históricos del Poder Judicial.
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De acuerdo con las cifras oficiales presentadas por el Gobierno Federal, el salario bruto mensual de un ministro experimentó una reducción significativa, pasando de 297,403 pesos a 186,485 pesos. Esta modificación en los gastos de la Suprema Corte representa un ajuste de más de 110 mil pesos mensuales por integrante, alineándose a los topes salariales establecidos en la Constitución.
Además del salario base, otras prestaciones sufrieron recortes considerables:
- Aguinaldo: Bajó de 584,596 a 376,961 pesos.
- Prima vacacional: Se redujo de 95,474 a 62,162 pesos.
- Seguro de vida: La suma asegurada disminuyó de 12 millones a 7.4 millones de pesos.
La mandataria expuso que diversos beneficios que anteriormente inflaban los gastos han sido eliminados por completo. Entre ellos destacan los gastos de alimentación en restaurantes, que ascendían a más de 58 mil pesos mensuales, y el pago por riesgo anual de 639 mil pesos.
Asimismo, desaparecieron los apoyos para medicamentos del cónyuge, el estímulo por antigüedad y el fondo de separación individualizado, el cual permitía a los ministros acumular hasta 20 millones de pesos al finalizar su periodo de 15 años. Según información de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estos cambios forman parte de la reestructuración administrativa derivada del nuevo modelo de elección por voto popular.
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